Aecoc alerta: el pago por uso elevará los costes del transporte en un 13 por 100

En calidad de representante de más de 30.000 compañías de gran consumo, la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores ha hecho sonar la voz de alarma respecto a la futura implantación del pago por uso en las carreteras del Estado. Uniéndose a las reclamaciones del sector del transporte, la organización ha apuntado que, de hacerse efectivo dicho cambio, este supondrá un aumento de los costes de entre un 13 y un 9 por ciento.

En función de la tasa aplicada a los vehículos pesados, entre 19 céntimos/km -que es la tasa actual media de las autopistas de peaje- o de 14 céntimos/km, que es la propuesta de algunas fuentes, la patronal ha señalado que este sobrecoste pasaría de eslabón a eslabón, a lo largo de la cadena de suministro, hasta los consumidores.

Así, este pago adicional se trasladaría a las empresas cargadoras y en última instancia a los productos, lo que supondrá “una pérdida de la competitividad de entre 1.400 y 1.900 millones de euros al año en los productos de consumo”.

Reflejo en las exportaciones

Aecoc ha remarcado que esta medida no solo afectaría al consumo interno, sino que debilitaría las exportaciones españolas, ya que España es un país periférico y que quienes mayoritariamente utilizan estas infraestructuras son las propias compañías españolas, no las que están en tránsito.

Actialmente, el 47 por ciento en valor de las mercancías exportadas por España se realiza por carretera.

{advpoll id=’28’ view_result=’0′ width=’0′ position=’center’}

Pacto y consenso

A través de estas declaraciones, Aecoc se una a las voces que rechazan la implantación de esta medida, alegando el perjuicio económico que ello supondría, no solo para el sector, sino para el consumidor.

La patronal de gran consumo apunta que no existe otra opción, ya que “el ferrocarril no es una alternativa real, teniendo en cuenta que el viaje medio de un transporte en España es de 150 kilómetros” y esta modalidad solo se rentabiliza en largas distancias.

Por ello, el sector precisa de “medidas consensuadas y pactadas” entre cargadores, transportistas y administraciones que puedan ofrecer a la economía y la sociedad un transporte “eficiente y altamente competitivo”.